TOLERANCIA A LA DESIGUALDAD EN CHILE
de Jorge Fernandez (*) [Link trad. italiano]
Corría el año 1986 y en Chile el dictador Pinochet reprimía todas las manifestaciones públicas exigiendo democracia. Se aferraba al poder con las armas, el apoyo de los empresarios y de parte importante de la elite económica y social. Fue entonces cuando un joven de una comuna de clase media de Santiago escribió una canción:
“Únanse al baile de los que sobran
Nadie nos va a echar de más / Nadie nos quiso ayudar de verdad”.
La cantaba el grupo “Los Prisioneros”, causando el entusiasmo de la población y la ira del dictador. La canción de Jorge González comienza diciendo:
Nos dijeron cuando chicos / Jueguen a estudiar / Los hombres son hermanos / Y juntos deben trabajar / Oías los consejos / Los ojos en el profesor / Había tanto sol sobre las cabezas / Y no fue tan verdad / Porque esos juegos al final / Terminaron para otros con laureles y futuros / Y dejaron a mis amigos pateando piedras [...]
Treinta y seis años después, con el dictador ya muerto y un segundo gobierno del derechista Sebastián Piñera - paradoja de la
democracia chilena-, el ochenta y seis por ciento de los chilenos cree que se gobierna “sólo para unos pocos". Es uno de los tantos hallazgos del estudio de percepción de la ciudadanía que desde 1995 mide, año a año, la situación del país. Marta Lagos, directora ejecutiva de Corporación Latinobarómetro, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, informó que 1.200 entrevistas cara a cara realizadas entre octubre y noviembre del año pasado muestran que en Chile "ya no hay espacio de tolerancia con la desigualdad”. Los chilenos identifican el acceso a la salud, las oportunidades de educación y el acceso a la justicia como los máximos ejemplos de desigualdad.
Esa intolerancia se ha ido construyendo a lo largo de los años en la medida que la ciudadanía comprobaba que el regreso a la democracia no terminó con la desigualdad. “ Mientras algunos alcanzaban la clase media, el resto se quedaba atrás”- dice la investigadora.
He ahí uno de los detonantes del estallido social de octubre pasado. 
Según el informe, la desigualdad primordial es la desigualdad ante la ley, como ha sido históricamente y que nunca es objeto de la agenda informativa o de política pública explícita.
En síntesis el estudio detectó malestar social, temor a la recesión económica debido a la pandemia y una severa crisis de representación política. Al respecto Marta Lagos dice: "No es de extrañar que hayamos vivido un estallido social. La autoridad está enormemente desmejorada, sin peso. Esto no fue un fenómeno nuevo, se estaba calentando y finalmente explotó la olla".
Al porcentaje de chilenos que opina que sólo se gobierna "para unos pocos", agregó Lagos, se suma que la mayor parte de los ciudadanos no cree que el Gobierno sea la institución con más poder.
Según el estudio, el 48 % de los encuestados señaló que las grandes empresas son las que tienen más poder en el país. Solo un 44 % indicó al gobierno y un 39 % identificó a los empresarios. Quizás esto sea un buen reflejo de lo que han sido las políticas de Piñera, puesto que la derecha asigna al Estado solo un rol subsidiario.
Lo grave para la democracia chilena es que la percepción sobre las instituciones públicas está por los suelos. Sólo el 7% confía en los partidos políticos; el 13 % en el parlamento; el 16% en el presidente y la misma cantidad en el poder judicial. Pero no sólo el gobierno y el poder político ha perdido la confianza de los chilenos. También la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas , por los casos de pedofilia y corrupción respectivamente. A lo que se agregaron las polícias que estuvieron bien evaluadas hasta las protestas. En el caso de las policías, baste recordar que las revueltas causaron más de una treintena de muertos, miles de heridos y graves denuncias por violaciones a los derechos humanos de parte de las fuerzas de seguridad.
Mientras, la pandemia causa un severo daño a las fuentes de trabajo, afecta a las exportaciones e importaciones, precariza las condiciones de vida de importantes sectores a quienes el Estado solo ha ayudado con mezquinos subsidios. Parece imposible que en los años cercanos disminuya la población de clase baja (entre un 57 y 68%), y los chilenos que se sienten discriminados (34%). Inevitablemente hay un sector importante para quienes protestar es el camino a seguir. Cuando predominan sentimientos de desigualdad, discriminación y de que no hay una ley pareja, la predisposición a protestar para cambiar las cosas encuentra un terreno abonado.
No solo se dice que no hay ley pareja. El 89% considera que no todos somos iguales ante la ley. Frente a los que cumplen las leyes también se perciben grandes diferencias. Un 43% dice que los miembros de su familia cumplen con las leyes y otro 46% dice que nadie las cumple. Existe la percepción generalizada de que todos los que tienen poder vulneran las leyes. Además, los encuestados aseguran que en Chile gobiernan “grupos poderosos en su propio beneficio”, no para la mayoría, no para el pueblo. Solo un 8% considera que se gobierna para todos y un 86% cree que se hace para los grupos poderosos en su propio beneficio.
Según el informe, "los chilenos quieren mejor y más democracia" y "saben muy bien el estado decrépito en que se encuentran muchas instituciones".
Chile vivió entre 2019 y 2020 la mayor ola de protestas en tres décadas, que se convirtieron en un clamor popular contra el Gobierno y en favor de un nuevo modelo socioeconómico y han desembocado en la exigencia de una nueva Constitución.
Entre los demócratas existe la esperanza de que casi el 80% de los votos que tuvo la propuesta de redactar una nueva constitución, permita elegir una constituyente que revalore sus instituciones. Sin embargo, la incapacidad de las fuerzas de centro izquierda para unirse en la elección de los constituyentes no permiten augurar que los aires de cambio profundo logren materializarse. Será dificil obtener los 2/3 de votos necesarios para dichos cambios que logren articular las profundas demandas ciudadanas. Los candidatos a constituyentes postulan por distritos territoriales, el sistema que se usa para elegir a los parlamentarios. Por la mecánica electoral, allí ha estado sobrerepresentada la derecha y las regiones. Se hizo un esfuerzo para que hubiera representantes de los pueblos originarios y paridad de género pero al final - una vez más- son los partidos políticos, los mismos que reciben tan baja valoración de la ciudadanía, quienes tienen el sartén por el mango.
“De acuerdo a los datos, es posible plantear que los chilenos quieren mejor y más democracia en su sistema político y que saben muy bien el estado decrépito en que se encuentran muchas instituciones. Sin embargo eso no los desalienta para creer que el proceso de cambio que estamos viviendo pueda resultar en un mejoramiento sustantivo”, dice el estudio.
El concepto de democracia como tal goza de uno de los más altos niveles de apoyo desde que comenzó la medición. Este indicador en Chile aumenta desde el año 2016 continuamente desde un 54% a un 61% en 2020. Sin embargo, apoyar la democracia como sistema de gobierno, no significa que los chilenos consideren que la que se vive actualmente es una democracia plena, al contrario. Sólo el 2% declara que tenemos una democracia plena, mientras que el 53% señala que nuestra democracia tiene grandes problemas.
Esto último se ve acentuado por otro fenómeno, ya que hay otro sector que si bien ratifica que el voto es importante para cambiar su situación, también avala las protestas, con un 32%.
"El capital de protesta existente en la ciudadanía es muy superior al capital de los partidos políticos y no se ve vínculo entre ellos. Las causas por las que protestarían son para mejorar la salud y la educación; por una sociedad más igualitaria, para luchar contra el abuso y la corrupción, por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, por la defensa de los derechos democráticos y por el cambio climático", detalla el informe.
Concluye que "Para poder hacer frente a esta situación los gobiernos futuros deberán enfocarse en los pobres, los indígenas, los viejos, las mujeres, la salud y la educación".
Tiene razón el estudio, serán los gobiernos futuros los que deberán llevar adelante políticas que permitan alcanzar los nuevos estandares deseados. Lamentablemente parte de la población cree que por arte de magia la nueva constitución lo logrará y además, es incluso posible que en la próxima elección presidencial sea la derecha la que retenga el poder.
Y se seguirán escuchando las canciones ya viejas de Los Prisioneros:
Bajo los zapatos / barro más cemento / el futuro no es ninguno / de los prometidos de los doce juegos [...]
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(*) Jorge Fernandez Correa, ha sido Director del periódico de 'La Nación', de Santiago de Chile. Experto en comunicación ha desarrollado funciones gestiónales y de formación en las Naciones Unidas y en muchas otras instituciones, públicas y privadas, chilenas. Periodista independiente es, actualmente, sobre todo escritor de numerosas novelas.